Más pruebas de la depredación señorial en el sur del sexmo de Casarrubios (II): judicialización y legalización de las usurpaciones

 

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Los archivos están repletos de sentencias judiciales a favor y en contra de nobles que acabaron usurpando términos de las ciudades castellanas a finales de la Edad Media y comienzos de la Moderna. Y es que, ¡sorpresa!, legalizar las ocupaciones era, precisamente, el objetivo de los usurpadores.

Esto es justo lo que ocurrió en Valmojado y sus entornos. Después de haber incumplido sentencias a favor de Segovia, dadas por la llamada Ley de Toledo -como, por ejemplo, la de 1508 sobre el ejido de El Álamo- los señores de Casarrubios consiguieron reabrir el pleito en 1540 y que la Chancillería de Valladolid revocara, en 1559, el fallo de 1510 sobre esta población, sobre Villamanta y sobre Valmojado, con sus términos ocupados.

Recurrir, por tanto, a estas legalizaciones para defender que Valmojado, Villamanta o El Álamo nunca estuvieron en jurisdicción segoviana es un argumento peregrino o, cuando menos, denota una ignorancia suprema del contexto histórico; puesto que hasta la propia Casarrubios fue aldea de Segovia y cabeza de uno de sus sexmos.

Por mera reducción al absurdo, sería como decir que Valmojado nunca perteneció al señorío de Casarrubios porque pleiteó durante un cuarto de siglo con la villa y consiguió desvincularse de ella en 1759.

Lo más llamativo es que semejantes opiniones partan de quienes primero dicen que los pleitos no son tratados de historia” para, a renglón seguido, hablar de lo que éstos -según ellos- “demostraron”. ¿Cabe mayor incoherencia?

 

Más pruebas de la depredación señorial en el sur del sexmo de Casarrubios (I): apropiación de la “cabçera” segoviana en Valmojado

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La imagen muestra la primera página de un mandamiento de los Reyes Católicos, fechado en 1493, para que el corregidor de Madrid fuese a averiguar sobre lo que estaba pasando en Valmojado con el cobro de la “cabçera”.

Se trataba de un montazgo local que Segovia cobraba, desde tiempo inmemorial, a los rebaños que por aquí pasaban, para reparar la conducción de agua del Acueducto. Con el tiempo, este derecho local acabó en manos del alcaide del alcázar de Segovia, Andrés de Cabrera, marqués de Moya.

En aquel momento, Ferrand López, vecino de la ciudad, tenía encargo de hacer cobrar este peaje por el marqués a un casarrubiero, Pedro Rodríguez de Peralta. Éste no le quiso dar cuenta ese año, pues el alcalde mayor de Casarrubios se había apropiado de la recaudación. Ferrand López decidió quejarse ante Isabel y Fernando.

El documento es otra evidencia más del antiguo ejercicio de la jurisdicción de Segovia. La apropiación de rentas y derechos locales es también prueba de las variadas maniobras de la depredación señorial que sufrieron las ciudades castellanas a finales de la Edad Media y comienzos de la Moderna.